Colombia y Estados Unidos acuerdan operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico

Colombia ha autorizado a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas dentro de su territorio para combatir el narcoterrorismo, anunció el miércoles en Panamá el Secretario de Defensa de EE. UU. Pete Hegseth. El acuerdo marca la entrada formal de Colombia al Escudo de las Américas, también conocido como la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una alianza militar regional liderada por el presidente de EE. UU. Donald Trump, que incluye aproximadamente 20 países. La medida representa un giro diplomático significativo bajo el nuevo presidente de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido una guerra total contra el crimen organizado y los grupos rebeldes, contrastando con la administración anterior de Gustavo Petro.

Como parte de la cooperación, Estados Unidos tiene la intención de proporcionar un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares estadounidenses a Colombia. El acuerdo fue formalizado a través de un memorando de entendimiento firmado por Hegseth y el Ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora. Si bien el Ministerio de Defensa de Colombia afirmó que la cooperación respeta la soberanía nacional y el derecho internacional, la alianza es parte de una estrategia estadounidense más amplia para desmantelar las redes de tráfico. Hegseth describió el esfuerzo regional como un medio para garantizar un hogar más seguro asegurando el patio trasero de EE. UU. mientras mencionaba también la protección contra actores extranjeros malignos.

El anuncio se produce en medio de la controversia sobre las tácticas militares de EE. UU. en la región. Desde septiembre de 2025, EE. UU. ha llevado a cabo una campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico. Hegseth afirmó que estas operaciones han provocado una caída récord en los movimientos de embarcaciones del narcotráfico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han denunciado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales, con informes que citan entre 215 y 221 muertes. En respuesta a estas críticas, Hegseth instó a los miembros de la coalición a rechazar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que el poder del tribunal es ilegal y que las operaciones de EE. UU. son lícitas bajo las leyes de conflictos armados.