Estados Unidos impone sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, en medio de una campaña para desmantelar el tribunal

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y al abogado principal de juicio, Abdoulaye Seye. El secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, describió a la CPI como un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad. Las sanciones incluyen la congelación de activos bancarios en EE. UU. y la restricción del acceso al sistema financiero estadounidense. Esta medida es parte de una campaña más amplia de la administración Trump para desmantelar el tribunal, el cual, según Rubio, representa una amenaza para la soberanía de EE. UU. La administración ha atacado al tribunal tras las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán y la emisión de una orden de arresto para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La CPI condenó las medidas como un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial. El tribunal afirmó que amenazar a los actores judiciales por aplicar la ley pone en riesgo el orden legal internacional. La Asamblea de Estados Partes, que representa a 125 países, se hizo eco de este sentimiento, calificando las sanciones como una escalada que podría socavar las investigaciones en curso y los esfuerzos globales para garantizar la rendición de cuentas por los peores crímenes contra la humanidad.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó de muy lamentables las sanciones contra Akane, quien es ciudadana japonesa. Si bien el gobierno japonés expresó su apoyo constante a la CPI y al estado de derecho, afirmó que continuaría la comunicación con Estados Unidos. Algunos legisladores japoneses han pedido una condena más fuerte y la retirada inmediata de las sanciones. Mientras tanto, la Unión Europea mostró un firme apoyo al tribunal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declararon que los jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas.

Los informes indican que la presión de EE. UU. ha tenido cierto efecto en la membresía del tribunal. Chad y Venezuela han anunciado sus intenciones de retirarse de la CPI, decisiones que EE. UU. ha acogido favorablemente. Grupos de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, han presentado una demanda ante un tribunal de Nueva York para impugnar las sanciones, argumentando que estas impiden que las víctimas de crímenes de guerra busquen justicia.