El Congreso chileno aprueba importante paquete de reforma económica

El Congreso chileno ha aprobado un amplio paquete de reforma económica, denominado megarreforma o proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el presidente Jose Antonio Kafka. La legislación incluye una reducción gradual de la tasa del impuesto corporativo del 27 por ciento al 23 por ciento para 2029 y diversos incentivos destinados a reactivar la inversión y el crecimiento. El obstáculo final para el proyecto fue la aprobación por parte del Senado de un mecanismo para compensar a los municipios por la pérdida de ingresos resultante de las exenciones del impuesto territorial para adultos mayores de 65 años. Este artículo fue aprobado con 27 votos a favor y 22 en contra.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la ley volverá a abrir las puertas de Chile a la inversión y el emprendimiento. Sin embargo, el gobierno tiene la intención de presentar tres vetos supresorios este miércoles respecto al derecho al olvido financiero, el cobro de intereses sobre intereses y los plazos de pago de 30 días para las pequeñas empresas. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional está revisando impugnaciones de la oposición a disposiciones relativas a los permisos ambientales y las concesiones acuícolas.

Fuentes de centroderecha presentan la reforma como un paso vital hacia el crecimiento nacional y una victoria para la inversión. En contraste, fuentes de centroizquierda y alcaldes de la oposición describen el mecanismo de compensación municipal como regresivo e injusto. Los críticos argumentan que la fórmula beneficia desproporcionadamente a comunas ricas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, mientras que otorga montos significativamente menores a zonas vulnerables como Cerro Navia y Lo Espejo.

Para asegurar los votos finales, el ministro Quiroz llegó a un acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona para financiar la reconstrucción de la región de Coquimbo tras el clima severo. Este acuerdo implica una mesa técnica para determinar las necesidades de financiamiento a través de recursos públicos y la venta de activos estatales prescindibles. El senador Daniel Núñez, representando una perspectiva de centroizquierda, condenó este acuerdo como un chantaje inmoral y argumentó que utiliza la reconstrucción como excusa para privatizar bienes públicos.