Grupos de derechos humanos demandan a la administración Trump por sanciones a la CPI

Cuatro organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch, el American Friends Service Committee, el Centre for Constitutional Rights y el Open Society Institute, han presentado una demanda en el Distrito Sur de Nueva York contra la administración Trump. La demanda impugna las sanciones impuestas a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada. Estas medidas fueron emitidas en febrero de 2025, poco después del inicio del segundo mandato del presidente Trump, principalmente en respuesta a las acciones del tribunal respecto a miembros del gobierno israelí e investigaciones sobre crímenes en Palestina.

Los demandantes argumentan que la orden ejecutiva es ilegal y viola la Constitución de los Estados Unidos, citando específicamente las protecciones a la libertad de expresión y el debido proceso bajo las Primera y Quinta Enmiendas. La denuncia de 101 páginas afirma que las sanciones representan un ataque al estado de derecho y a la independencia del poder judicial, lo cual, a su vez, obstaculiza el procesamiento de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El abogado principal, Andrew Loewenstein, declaró que la orden causa un daño generalizado a los grupos de la sociedad civil dedicados a la justicia internacional.

Estados Unidos e Israel no son miembros de la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado previamente el deseo de desmantelar la institución, afirmando que ningún tribunal debe estar por encima de la ley estadounidense. El gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado no comentaron inmediatamente sobre la presentación.